El
Gobierno Nacional, a través de la Inspección General de Justicia (IGJ)
canceló la asamblea del 30 de junio, designó dos emisarios como
veedores y apura la constitución de una comisión normalizadora que
integrarían el ex blanquiceleste Fernando
Marín a cargo actualmente de Fútbol para todos; la legisladora Graciela
Ocaña, impulsora de la denuncia del FPT y
Daniel Vila el ex aspirante a la presidencia de la entidad.
De esta manera se suspendieron las elecciones y se designaron a los dos nuevos veedores (Luis Tozzo y Catalina Dembitzky) que se suman a los tres nombrados en junio
de 2015 por la jueza María Servini de Cubría.
Al promediar la tarde, la
IGJ notificó a la AFA de su decisión. El gerente de Relaciones
Institucionales de la asociación, Gustavo Lorenzo, recibió el documento que podés leer clickeando acá y a partir de allí nada servían los 14 avales que
había presentado Hugo Moyano en el transcurso de la mañana. Ni los 24
que ya había exhibido Claudio Tapia la semana pasada, ni los que estaban previstos
que hicieran lo mismo Marcelo Tinelli (con nueve firmas) y Nicolás
Russo, presidente del flamante campeón.
A partir de ahora nos limitaremos a reproducir la nota publicada en Clarín con el título Por qué se frenaron las elecciones en la AFA
Y en ese sentido, la IGJ resolvió suspender las elecciones -previstas para el 30 de junio- por 90 días hábiles (hasta el 6 de octubre), con la posibilidad de una prórroga por un plazo idéntico (15 de febrero de 2017).
Lo fundamentó en “irregularidades administrativas y económicas” de la AFA y darán batalla los asesores letrados de la AFA y los dirigentes del Ascenso.
Anoche, se redactaron dos informes que serán enviados a la FIFA y a la Conmebol notificando a los organismos internacionales de la situación reinante. Y hoy, en la reunión de Comité Ejecutivo, podrían escucharse directivos extremistas dispuestos a plantear el parate del fútbol y hasta pedirán, como medida de protesta, que la Selección regrese de Estados Unidos, donde disputará la Copa América Centenario, y bajar a Boca de las semifinales de la Copa Libertadores. ¿Llegarán tan lejos?
“Vamos a agotar todas las medidas administrativas. Y si no hay respuestas, iremos por la vía judicial”, le dijo Damián Dupiellet, secretario ejecutivo de la AFA, a Clarín. Y agregó: “Se interrumpió un proceso eleccionario y esto es muy grave”. FIFA es clara respecto a la injerencia gubernamental en sus asociaciones. En su estatuto remarca que penará “la injerencia o intervención”.
En ello se apoyará el grupo de abogados que encabeza Dupiellet y coincide con el pensamiento Claudio Tapia, presidente de Barracas Central y yerno de Hugo Moyano, titular de Independiente, hasta ahora los únicos dirigentes que presentaron sus avales para competir en los comicios suspendidos.
La medida de la IGJ llega en el medio de la grieta que existe en AFA por el armado de la Superliga. Y es un golpe para las aspiraciones de Moyano y Tapia. El Gobierno nunca vio con buenos ojos que el fútbol quedara en manos del dirigente camionero ni a su yerno.
En ese plan talló Daniel Angelici, titular de Boca y hombre de confianza del presidente Mauricio Macri. En el medio de la disputa quedó Marcelo Tinelli, otro de los aspirantes al sillón de AFA, a quien al mismo tiempo un bloque pensaba como la cabeza de la Superliga.
Macri había enviado a Fernando Marín, coordinador del Fútbol Para Todos, a Suiza para que se entreviste con Gianni Infantino, presidente de la FIFA. El primer mandatario quería asegurarse de que no habría consecuencias deportivas en el caso de que se metiera en la AFA a través de una “comisión normalizadora”, el rótulo que encontró el Gobierno para evitar la palabra “intervención”.
Así, el sábado mantuvo una teleconferencia con el suizo en la que habría encontrado un guiño para que la IGJ avanzara. Enfrente, delegaron poder de lobby en Angel Villar, presidente de la Federación Española y amigo de la familia Grondona, e incluso en una charla que tuvo con Infantino el presidente de Olimpo, Alfredo Dagna, en el reciente Congreso de la FIFA realizado en México.
Hay un detalle que no es menor. La resolución de la IGJ fue firmada por Sergio Brodsky, una persona muy cercana a Angelici, uno de los más feroces defensores de la Superliga. Y, según reza el escrito, se tomaron “los recaudos establecidos en los artículos 14, 15 y 17 del estatuto”. Ocurre una semana después de la requisitoria de la jueza Servini de Cubría a la Secretaría General de la Presidencia de la Nación.
El Gobierno ya pensó en tres actores para la “comisión normalizadora”: Fernando Marín; la legisladora Graciela Ocaña, impulsora de la denuncia del FPT, y Daniel Vila, ex presidente de Independiente Rivadavia.
Conmebol enviaría a la abogada Monserrat Jiménez y FIFA debe designar un representante, que hasta podría ser Luis Segura. No descartan que hoy mismo pueda designarse ese cuerpo, pese a que para avanzar en ello primero debían contar con el informe de los veedores. En su resolución, Brodsky pide un informe del estado de situación y el llamado a elecciones “en el menor plazo posible”.
La veeduría no tendría potestad sobre el Comité Ejecutivo ni sobre la Asamblea, donde el moyanismo pisa fuerte y traba cualquier intento reformista.
Una comisión normalizadora, en cambio, sí podría involucrarse en la conducción de la AFA y en sus procesos institucionales, como el cambio de formato de los torneos sin votación mediante.
Este mediodía almorzará el núcleo duro de impulsores de la Superliga (Boca, River, Racing, San Lorenzo y aliados) para definir pasos a seguir. Y luego irá a una reunión de Comité Ejecutivo que promete ser muy dura.
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