Brito, Stéfano & Cia no quieren ser fiscalizados

Para legalizar su modelo autoritario y pro empresario Brito, Stéfano & Cia modificaron el estatuto contando con la unánime complacencia de quienes ingresaron en diciembre del 2021 en los tres órganos institucionales a través de las listas colectoras del oficialismo autodenominadas "opositoras"(sic) aunque sólo hicieron un sumiso cotillón.

Entre las reformas introducidas, a espaldas de los socios, se destaca la eliminación de la Comisión Fiscalizadora que pasó a ser una mera Comisión Revisora de Cuentas más propia de una sociedad de fomento y no de la Asociación Civil Deportiva más grande de América.

Es de destacar que el gobierno de River -antes de la reforma- estaba compuesto por tres órganos con poderes autónomos y cuyos integrantes eran elegidos por el voto de los socios.

La Agrupación Tradicional River Plate tuvo el honor, que durante la gestión entre 12/2013 y 11/2017, la lista de la Comisión Fiscalizadora elegida fue encabezada por Carlos Lancioni como candidato independiente, tanto que Rodolfo D´Onofrio inteligentemente lo presentaba durante la campaña electoral del 2013 como un candidato "opositor" referente del tradicionalismo riverplatense.

Durante dicho período debe resaltarse la sinergia lograda en la Fiscalizadora que actuó autónomamente con abstracción de sus orígenes.

Por ejemplo conjuntamente denunciaron a algunos partícipes de la gestión precedente, convocaron a la Asamblea de Representantes ante la reticencia del oficialismo y citaron a muchísimos directivos y funcionarios a brindar las explicaciones que le fueron requeridas.

Es de recordar que durante el 2016 abrió las puertas a todas las agrupaciones políticas del club para celebrar un plenario que dictaminó en contra de la penetración de las corporaciones en el futbol argentino.

Es más, incluso la Fiscalizadora, con el voto del presidente desempatando, impugnó los premios retroactivos que en el 2017 se le concedió a Francescoli por los puestos alcanzados por River en las Libertadores durante los años anteriores generando la irritación de los miembros de la CD ansiosos para aprobar esas liberalidades que están prohibidas con hacerlas con dinero ajeno.

Quizás precisamente por ello la gestión de Brito, Stefano & Cia no toleraba la existencia de una Fiscalizadora independiente que el art. 89 del Estatuto derogado con la unanimidad por la CD y la Asamblea tenía como deberes y atribuciones las siguientes facultades entre otras.

   Fiscalizar la inversión de los fondos sociales, cuidando que se empleen en la forma estatutaria.  

 Informar a la Comisión Directiva de cualquier irregularidad contable de inversión o manejo de fondos que hubiere observado y en caso de que la Comisión Directiva no adopte las medidas que correspondan reglamentariamente, solicitar la convocatoria de la Asamblea de Representantes, a tales efectos.   

Convocar a Asamblea Ordinaria cuando omite hacerlo la Comisión Directiva y solicitar la convocatoria a Asamblea Extraordinaria cuando lo juzgue conveniente.

Intervenir y opinar con respecto al cálculo de recursos y presupuesto de gastos de cada ejercicio económico. 

Como se advertirá a raíz de la reforma estatutaria las facultades de la Revisora de Cuentas son una vez ejecutados los actos por la Comisión Directiva o por la pluralidad de gerentes, mientras que antes del 2023 los poderes de la Fiscalizadora no sólo eran post fácticos sino que podía y debía intervenir con anterioridad.

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